Pronunciamiento Conjunto
Las organizaciones civiles que acompañamos a pueblos y comunidades indígenas en defensa de su territorio en la Sierra Tarahumara, así como a víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI), señalamos:
Desde el “combate al narcotráfico” decretado por el ex presidente Calderón, la violencia no ha cesado, por el contrario ha ido en aumento en la Sierra Tarahumara, afectando directa e indirectamente a miles de chihuahuenses, poniendo en riesgo a las y los habitantes de la región, no solo por ataques directos y amenazas, sino también por el control que los grupos criminales ostentan en los territorios, impidiendo que las comunidades puedan desarrollar sus vidas con normalidad y con acceso a derechos básicos como la educación, la salud y la alimentación.
La violencia que afecta a estas poblaciones no es solo criminal, sino también estructural. El abandono de las instituciones públicas en todos los niveles de gobierno es alarmante: las y los gobernantes no solo ignoran las necesidades de la población en esa región, sino que niegan abiertamente la gravedad de la problemática y, en cambio, criminalizan a las víctimas y desestiman las violencias que sufren día con día.
Las y los gobernantes de los tres niveles han hecho caso omiso de las solicitudes y llamados que las organizaciones civiles hemos realizado para dialogar sobre la problemática, ofrecer perspectivas y análisis especializados, así como la voluntad de colaboración para atender el tema.
El DFI se ha generalizado en la Sierra Tarahumara, aunque algunos de los casos más preocupantes los hemos visto en Guadalupe y Calvo, que sufre una situación particular de disputa territorial protagonizada por grupos criminales. A esto se suma la ausencia de estrategias claras y coordinadas de seguridad entre las instituciones públicas, lo que ha dejado a la población desprotegida y abandonada.
Los casos de desplazamiento en masa que muestran los medios de comunicación no son los únicos que existen: hay un desplazamiento silencioso que, día a día, arrebata a familias su patrimonio, su seguridad y, en muchos casos, la vida misma. La gente sale de las comunidades en donde la violencia continúa, cargando a veces solo con el miedo, pero también con la fortaleza de sobrevivir y proteger a sus seres amados.
El DFI es una violación grave a los derechos humanos, por lo que es obligación del Estado mexicano actuar con todos los medios a su alcance para garantizar la protección de las personas, familias y comunidades que sufren esta violación a sus derechos o que están en riesgo de sufrirla.
Las organizaciones civiles hemos acompañado a víctimas de este delito durante años y tenemos conocimiento de causa de las vulnerabilidades y necesidades que atraviesan a estas familias. Por ello, solicitamos al Gobierno de la República, al Gobierno del Estado de Chihuahua y al Gobierno Municipal de Guadalupe y Calvo que informen sobre la situación real que se vive en la Sierra Tarahumara en cuanto al DFI, que escuchen a las comunidades y familias desplazadas y en riesgo de desplazamiento. Por último, que se reúnan con nosotras, como lo hemos solicitado a la Secretaría de Gobernación y al Subsecretario de Derechos Humanos de la misma Secretaría en semanas anteriores sin una respuesta efectiva, para que, en conjunto, podamos enfrentar esta problemática.
Alianza Sierra Madre A.C
Casa del Migrante Saltillo
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Consultoría Técnica Comunitaria A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
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