Municipio Guadalupe y Calvo, Chihuahua, México.
Los habitantes de Choréachi se dedican al cultivo de maíz, fríjol, papa, calabaza y avena. La mayoría del territorio se encuentra constituido por bosque viejo de pino y encino; es uno de los últimos lugares de la Sierra Tarahumara con tal vegetación. A la fecha, se han registrado más de mil especies de plantas y 120 especies de aves migratorias neotropicales. En este territorio viven alrededor de 780 personas rarámuri (tarahumaras) en aproximadamente 32,000 hectáreas.
Durante más de 20 años la comunidad rarámuri Choréachi ha defendido su territorio ancestral y sus recursos naturales, mediante acciones jurídicas promovidas ante los Tribunales Agrarios, Juzgados de Distrito y acciones administrativas, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Por su labor de defensa han enfrentado el asedio y hostigamiento de personas mestizas pertenecientes a la comunidad agraria Coloradas de los Chávez, para despojarlos y desplazarlos con el fin de explotar el recurso forestal existente en Choréachi.
En el año 2006, el Delegado de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Chihuahua, otorgó a la comunidad agraria Coloradas de los Chávez permiso de aprovechamiento forestal sobre los bosques de Choréachi. Al hacerlo, la delegación de SEMARNAT infringió la ley forestal y violentó los derechos de los indígenas de Choréachi.
La decisión de la SEMARNAT fue cuestionada por la comunidad Choréachi a través de una demanda de nulidad del permiso forestal, interpuesta en febrero de 2007 ante el Tribunal Agrario.
Los líderes de Coloradas de los Chávez han intentado frenar las acciones legales de Choréachi, con actos de intimidación y amenazas a los dirigentes comunitarios, autoridades indígenas y a personal de ASMAC.
Aunque los permisos de aprovechamiento forestal se suspendieron desde el año 2007, se han documentado trabajos de aprovechamiento forestal por personas armadas, ajenas a la comunidad.
2.- Hechos
El 5 de septiembre de 2013 fue asesinado Jaime Zubias Ceballos y el 5 de noviembre del mismo año, fue asesinado Socorro Ayala Ramos, integrantes del pueblo de Choréachi. En los últimos años, las autoridades indígenas y defensores han sido objeto de amenazas y persecuciones.
3.- Solicitud de Medidas Cautelares y Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante la falta de condiciones de seguridad y la violencia generada en Choréachi, en febrero de 2014 se solicitó a la CIDH medidas cautelares colectivas para la comunidad y para el personal de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) que acompaña los procesos jurídicos ante los tribunales.
En octubre de 2015, en un hecho histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano adoptar medidas provisionales para garantizar la vida, integridad y seguridad de los integrantes de Choréachi, siendo la primera ocasión en la que la Corte dicta medidas colectivas para una comunidad indígena del país.
4.- Cumplimiento del Estado Mexicano a la resolución de la CIDH.
En junio de 2015 se llevó cabo una reunión con la Secretaría de Gobernación Federal, los beneficiarios, personal de ASMAC y las abogadas del Centro de Derechos de las Mujeres. Se tomaron acuerdos respecto a la integridad personal de los beneficiarios para continuar con los procesos de defensa del territorio ancestral de Choréachi.
En enero de 2017, Juan Ontiveros Ramos, defensor rarámuri de la comunidad de Choréachi acudió a la ciudad de Chihuahua para participar en una reunión con organizaciones y representantes del gobierno donde denunció las problemáticas que viven las comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara. Al volver a su comunidad fue asesinado, el 1 de febrero de 2017.
5.- Resolución del Tribunal Superior Agrario
En octubre de 2018, después de 20 años de lucha, el Tribunal Superior Agrario (TSA) reconoció que la comunidad indígena de Choréachi tiene derecho a su territorio y sus bienes naturales. Con esta resolución se impide a otras comunidades y empresas la explotación del bosque de la comunidad, se prohíbe la entrega de permisos para aprovechamiento forestal. La Sentencia fue recurrida por la contraparte, actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la última instancia que resuelva el litigio.
Desde hace más de 20 años, la comunidad de Choréachi ha luchado para defender su territorio ancestral frente a caciques mestizos[1] coludidos con integrantes del crimen organizado, que ilegalmente buscan aprovecharse de sus recursos naturales, lo cual ha traído graves consecuencias para ambas comunidades.
Además de la nulidad del permiso forestal, Choréachi demanda en el juicio agrario el reconocimiento y titulación de las tierras que ha poseído con carácter comunal desde tiempos ancestrales.
Durante el proceso se han ofrecido diversas pruebas, entre otras las periciales en materia topográfica, antropológica, arqueológica y lingüística; testimonial; confesional; inspección ocular y estudio sobre la aplicación del Derecho Internacional de los Pueblos Indios en México, entre otros.